El Gobierno español da marcha atrás: ARGIA gana la causa contra la Ley Mordaza

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Foto: Dani Blanco

El Gobierno de España, a través de su delegado en la CAV Javier de Andrés, ha decido anular la sanción impuesta al periodista de ARGIA Axier Lopez. Como consecuencia del recurso presentado por este medio, se suspende el juicio que el 13 de marzo se iba a celebrar en Gasteiz. Finalmente, y sin necesidad de llegar a juicio, ARGIA no tendrá que pagar ninguna multa.

La sanción fue interpuesta el 3 de marzo de 2016 al informar sobre una detención de la Policía Nacional realizada a la luz del día y en la vía pública. Desde entonces, a lo largo de todo un año el Gobierno de España ha defendido el castigo y ha justificado la aplicación de la Ley Mordaza. La soledad absoluta con la que el PP ha tratado este tema quedó en evidencia con el gran número de detractores tanto a la multa como a la propia ley: todas las asociaciones de periodistas de Euskal Herria y el Estado Español, diversos agentes internacionales en defensa la libertad de expresión y de prensa y la propia Defensora del Pueblo de España, entre otros muchos.

Éste es el tweet por el que han querido castigar a ARGIA: https://twitter.com/axierL/status/705331156066107392?ref_src=twsrc%5Etfw

El Gobierno español ha preferido que la Ley Mordaza no llegue a los tribunales

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A falta de pocos días para el juicio, el Gobierno español ha dado marcha atrás, argumentando defectos de forma en la sanción. Es decir, a punto de entrar en los tribunales, el Gobierno declara que hace un año no argumentaron la sanción debidamente. Después de defender lo contrario durante un año, el Gobierno ha preferido echarse atrás en este caso concreto, antes que ver la Ley Mordaza y el derecho a la información ante un juez. Y así, aduciendo defectos de forma, han evitado que se hable del contenido de la sanción –el artículo 36.23 de la Ley Mordaza y el derecho a grabar a la Policía–.

Esta es la primera multa a un periodista en el Estado Español aplicando el artículo 36.23 de la Ley Mordaza. Y, por tanto, también la primera victoria a dicho artículo.

Importante precedente sobre la aplicación del artículo 36.23

Entre los artículos de la Ley Mordaza, es justamente el 36.23 uno de los que más oposición ha suscitado. El artículo permite sanciones de entre 601 y 30.000 euros por difundir imágenes o datos personales o profesionales de agentes de policía, siempre que con ello “se ponga en riesgo la seguridad del agente o sus familiares”.

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Foto: Dani Blanco

La potestad para valorar si los datos difundidos son adecuados y para según ello posteriormente sancionar es exclusiva de la Policía, sin que medie ningún juez ni entidad independiente alguna, convirtiéndose de esta manera en “protagonista y juez” simultáneamente. Colectivos en defensa de los derechos civiles y políticos, así como la mayoría de las asociaciones de periodistas, han denunciado que dicho artículo viola el derecho a informar sobre el trabajo de los funcionarios públicos.

La victoria conseguida en este caso supone importante precedente ante la aplicación de esta ley, así como para corroborar que grabar a la Policía mientras ejercen su trabajo en el espacio público es un derecho de todas y todos los ciudadanos y periodistas.

ARGIA

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